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Dictaminan proyecto de nueva ley de transporte y otras disposiciones

Redacción / 2018-07-17

La Comisión de Transporte y Movilidad dictaminó hoy la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo estatal, que contiene una nueva ley de transporte y que modifica la Constitución local, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2018.

 

 

 

Por mayoría de los integrantes de la dictaminadora que preside el diputado Jorge Luis Márquez Cázares, el proyecto quedó aprobado para que sea considerado en una sesión extraordinaria del Pleno, una vez que éste sea convocado por la Diputación Permanente.

 

 

 

A nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional que integran la Comisión de Transporte y Movilidad, el diputado Javier Dagnino Escobosa informó que se abstendrían de votar el proyecto de dictamen, ya que será en la sesión del Pleno donde darán a conocer su postura.

 

 

 

La iniciativa fue remitida a este Poder Legislativo el pasado 12 de julio por la Gobernadora del Estado asociada al Secretario de Gobierno, en la cual se establece que se abrogará la Ley 149 de Transporte para dar paso a una nueva legislación en la materia, con el fin de transferir la operatividad del sistema de transporte a los municipios.

 

 

 

En el proyecto se plantea la adecuación del marco normativo a las circunstancias actuales de cada municipio y en atención a las necesidades de los ciudadanos. Se concede a los municipios mayor participación en las políticas públicas de movilidad.

 

 

 

El proyecto de nueva ley de transporte otorga atribuciones y facultades necesarias a los municipios para normar, coordinar, aprobar y diseñar el programa de operación del servicio de transporte urbano y taxi colectivo, así como vigilar, fiscalizar y sancionar cuando la prestación del servicio esté fuera de la Ley.

 

 

 

Los ayuntamientos adquirirían facultades para el diseño operativo de rutas, horarios de servicio, cantidad de unidades en cada ruta, entre otras, además de que podrán emitir su opinión sobre la determinación y modificación de las tarifas de servicio público de transporte urbano, masivo y alquiler colectivo que se presten dentro de su demarcación territorial.

 

 

 

El proyecto plantea la vigilancia a los concesionarios para que cumplan con las condiciones de legalidad, comodidad y seguridad que correspondan a la categoría del servicio, de acuerdo con los términos de su concesión, y podrá suspenderse la circulación de las unidades autorizadas cuando no reúnan las condiciones mínimas de comodidad, seguridad, higiene o vida útil que se requiera para la prestación del servicio público de transporte.

 

 

 

Los servicios de transporte suburbano, de carga, escolar, taxis de sitio, transporte especializado de personal, entre otros, que no tienen una demarcación geográfica en un solo municipio, seguirán regulados por una nueva institución gubernamental denominada: Consejos Municipales Ciudadanos del Transporte.

 

 

 

Éstos sustituirían a  las tres instancias que actualmente operan, como son la Dirección General de Transporte, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, FEMOT, y el Consejo Ciudadano de Transporte.

 

 

 

De ser aprobado por el Pleno el dictamen, los municipios tendrán 90 días para adecuar su marco normativo y estructura de gobierno para iniciar con las nuevas facultades que les sean conferidas.

 

 

 

A la reunión asistieron los diputados Jorge Luis Márquez Cázares, presidente; Iris Fernanda Sánchez Chiu, Javier Dagnino Escobosa, Ramón Antonio Díaz Nieblas y Teresa María Olivares Ochoa, secretarios.

 

 

 

Aprueban proyectos de ley y de decreto

 

En reunión de trabajo de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda se aprobó el proyecto de ley de control vehicular para el Estado de Sonora, así como tres decretos: uno que modifica diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley para el fomento y la participación de las asociaciones de la sociedad civil para el Estado de Sonora.

 

 

 

Otro que reforma el Artículo 212-M BIS 2 de la Ley de Hacienda del Estado y uno más que modifica el Decreto 202, aprobado el 28 de febrero 2018 y que reformó diversas disposiciones del Decreto 192, aprobado el 12 de diciembre de 2017, relativo al organismo operador de agua potable y saneamiento del municipio de Puerto Peñasco.

 

 

 

La diputada Flor Ayala Robles Linares, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda y autora de la iniciativa, dio a conocer que el proyecto de ley de control vehicular tiene por objeto contribuir a la consolidación de herramientas que inhiban el robo de vehículo y la comercialización ilegal de los mismos, para lo cual se establecen las normas de control vehicular en el Estado de Sonora.

 

 

 

“Con este marco normativo homogéneo en todo el Estado se podrán mejorar los procesos de control y registro de vehículos, implementar herramientas y sistemas de identificación de los automóviles, y actualizar permanentemente el registro, otorgando certidumbre legal, todo ello con el objeto de brindar seguridad jurídica, proteger a los bienes y a los habitantes del Estado, así como prevenir delitos relacionados con automotores inscritos en el registro estatal”, aseveró la legisladora.

 

 

 

El proyecto se aprobó por los integrantes de la Comisión de Hacienda, diputados Ayala Robles Linares, Ana Luisa Valdés Avilés, Lina Acosta Cid y Jaime Valenzuela Hernández, al igual que el proyecto de decreto presentado con base a la iniciativa del diputado Rafael Buelna Clark, que modifica tres ordenamientos: de Asistencia Social, de Hacienda del Estado, y de fomento y participación de las organizaciones de la sociedad civil.

 

 

 

El legislador explicó que el objeto del decreto es ampliar los esquemas financieros que permitan que los programas sociales manejados por las asociaciones de la sociedad civil puedan llegar a más beneficiados, para lo cual se propone crear la figura de coinversión social, que consiste en que, bajo el principio de corresponsabilidad y mediante la suma de recursos públicos y/o privados, se aporte un monto específico por cada una de las partes que la integran.

 

 

 

Esto permitirá proyectos de los distintos actores sociales organizados en cualquier municipio del Estado de Sonora, además de ampliar el esquema para que se otorguen apoyos a través de subsidios, que consistirán en apoyos monetarios a organizaciones de la sociedad civil que ofrezcan un servicio público a la población vulnerable o en situación de algún tipo de carencia social para la mejora de su condición de vida, indicó.

 

 

 

El segundo proyecto de decreto aprobado por la Primera Comisión de Hacienda se refiere a la reforma al Artículo 212-M BIS 2 de la Ley de Hacienda del Estado, con relación al impuesto estatal por la prestación de servicios de juegos con apuestas y concursos, a fin de que se amplíe el concepto de persona moral susceptible de recibir los recursos que contempla dicha disposición.

 

 

 

De esta manera se beneficiarían mayor número de establecimientos para tratar las adicciones, ya que se fortalecerían e incrementarían la atención digna a los usuarios de drogas, así como a sus familiares, a través de cada una de las instituciones públicas o privadas relacionadas con el tema de las adicciones, explicó el diputado José Luis Castillo, quien presentó la iniciativa, en la cual también se propone que sea la Secretaría de Salud, en lugar de la Secretaría de Hacienda, la facultada para autorizar a las referidas instituciones.

 

 

 

El tercer proyecto de decreto modifica el Decreto número 202 aprobado por esta Soberanía el 28 de febrero de 2018, mismo que modificó el Decreto 192 del 12 de diciembre de 2017, relativo al Artículo Tercero del resolutivo que contiene el listado de las obras derivadas de los proyectos autorizados en el original, dio a conocer el diputado Moisés Gómez Reyna, a nombre de la Segunda Comisión de Hacienda.

 

 

 

Agregó que la directora general del organismo operador de agua potable y saneamiento de Puerto Peñasco solicitó autorización para reformar el Decreto 202, en virtud de que dos de los tres proyectos autorizados en el original (el 192) ya fueron realizadas con recursos federales y municipales, y por tal motivo dichas obras no pueden utilizarse para continuar con las gestiones correspondientes a la contratación de un crédito.

 

 

 

Votaron a favor los integrantes de la Primera Comisión de Hacienda ya mencionados, así como los de la Segunda, diputados Gómez Reyna, Lisette López Godínez, Martha Cecilia Camacho Camacho, Jorge Luis Márquez Cázares, Rafael Buelna Clark, José Luis Castillo Godínez y Carlos Alberto León García.

 

 

 

Todos los proyectos serán considerados en una sesión extraordinaria del Pleno que será convocada con oportunidad por la mesa directiva de la Diputación Permanente.

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